Sí, en España la instalación de sistemas de accesibilidad auditiva (como los bucles magnéticos o equivalentes) es obligatoria en muchos espacios y servicios de uso público, especialmente en aquellos que implican la comunicación y la información.

La obligación se basa en el principio de Accesibilidad Universal y en diversas leyes y Reales Decretos, siendo el marco principal el siguiente:

Marco Legal Clave en España

La normativa se ha ido consolidando para garantizar la "no discriminación y el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público":

1. Real Decreto Legislativo 1/2013: Aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Esta ley establece el marco general para la accesibilidad universal.

2. Real Decreto 193/2023 (y otros como el Real Decreto 674/2023): Estos decretos desarrollan las condiciones básicas de accesibilidad, incluyendo la obligación de facilitar "medios de apoyo a la comunicación oral" para personas con discapacidad auditiva en el acceso a bienes y servicios de titularidad pública o privada que presten un servicio al público.

3. Ámbitos de Aplicación: Esta obligación afecta a diversos ámbitos, incluyendo:

   • Edificaciones y Espacios Públicos: Especialmente en zonas de atención al público, ventanillas y mostradores.

   • Transporte Público: Incluye aeropuertos (como Barajas, que mencionaste), estaciones y vehículos.

   • Servicios Esenciales: Como entidades financieras, aseguradoras, telecomunicaciones, sanidad y servicios de emergencia.

   • Actos Públicos: Incluye aulas, salas de conferencias, cines y teatros.

Puntos Clave sobre la Obligatoriedad

• Exigencia de Medios: La ley no siempre especifica el "bucle magnético" como único sistema, sino que exige que se proporcionen los "medios de apoyo a la comunicación oral" necesarios (que pueden ser bucles, sistemas FM, intérpretes, subtitulación, etc.) para garantizar la igualdad de condiciones.

• Plazos de Adaptación: La normativa ha establecido plazos para que tanto las administraciones públicas como las empresas privadas que prestan servicios al público realicen los ajustes razonables necesarios para ser accesibles.